Jorge Rivera Olguín
Gerente GENERAL ASIVA
Hace poco tiempo AES Gener inició la construcción de la Central Térmica Campiche ubicada en la comuna de Puchuncaví, en las cercanías del estero del mismo nombre. Dicha Planta Generadora de Electricidad está destinada a robustecer la matriz energética nacional, con el propósito de paliar las dificultades que hemos sufrido desde hace algunos años, por el desabastecimiento de gas argentino.
AES Gener, cumpliendo las normativas vigentes, presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las autoridades pertinentes y luego de algunos meses de análisis, la autoridad aprobó dicho Estudio con lo cual se inició la construcción de la Planta, involucrando a la fecha a 700 trabajadores directos y a otros tantos indirectos.
La semana pasada conocimos que la Corte Suprema impugnó dicha construcción y ordenó la paralización de los trabajos. ¿Por qué? Porque un cambio en el uso de suelos no se había hecho, en las cercanías del Estero Campiche, dentro de las aprobaciones otorgadas por la autoridad competente.
Desde ASIVA acatamos y no pretendemos desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque entendemos que destaca un error en el procedimiento legal realizado para aprobar la construcción de esta Central Térmica, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero sin duda nos preocupa la situación de alrededor de 700 trabajadores paralizados y probablemente despedidos muy pronto, pertenecientes a las empresas que están construyendo las obras necesarias para AES Gener. No sabemos exactamente cuántos trabajadores indirectos también resultarán despedidos y que pertenecen a otras empresas que prestan servicios o venden productos a las primeras.
La Región y el País no pueden darse el lujo de que proyectos de esta importancia sean paralizados en las condiciones de desempleo que hoy vivimos.
La Central de AES Gener está destinada a entregar energía eléctrica al Sistema Interconectado Central (SIC), para sumar aportes positivos al problema energético que vivimos desde que el gas argentino no fluyó más hacia el país. Este retraso, al menos, significará que la energía no estará disponible cuando se había presupuestado y, probablemente, redundará en mayores costos de la tarifa eléctrica, lo que afectará a todos los chilenos.
Sin dudas, es otro lujo, que no podemos permitirnos como Región y como País.
Toda vez que una empresa requiere construir alguna obra de envergadura, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), normativa que conjuga el necesario crecimiento económico y el debido respeto por el medio ambiente. Esta es nuestra institucionalidad legal y supone que después de todos los estudios que cada caso requiere, la autoridad otorga los Permisos Ambientales Sectoriales y obliga a la empresa a constituir mitigaciones y compensaciones por los posibles impactos al medio ambiente. Hoy la Corte Suprema le revoca a AES Gener el derecho a continuar su obra. Los inversionistas que aportan capital para cualquier construcción, incluida ésta, ven con preocupación que las reglas legales del juego económico de pronto pueden ser entorpecidas y podrían tal vez, decidir no invertir más en el país.
Parece ser que nuestra institucionalidad medio ambiental requiere de mayor objetividad en su normativa, precaver errores administrativos, simplificar sus procedimientos y modernizarse, porque no podemos darnos el lujo de poner en riesgo la inversión que Chile necesita para su desarrollo.
Sabemos que las más altas autoridades regionales y nacionales están preocupadas del tema y desde ASIVA hacemos un llamado a actuar con la máxima diligencia para que AES Gener pueda continuar su construcción al más breve plazo posible. Esto evitará que se vean incrementadas las elevadas cifras de cesantía actuales, evitará también que los chilenos paguen un sobre precio por la energía eléctrica y favorecerá que continúe fluyendo la inversión hacia nuestra economía.
